Resumen: Trabajadora a tiempo parcial con un porcentaje de jornada del 75% afectada por ERTE COVID, impugna la resolución administrativa que le reconoce la prestación de desempleo en cuantía de 27'45 €, resultante de aplicar a la base reguladora diaria de 50'11 €, un coeficiente de parcialidad del 75%. La instancia desestima la demanda. La Sala de lo Social, rechaza las revisiones fácticas propuestas, y confirma la decisión del Juzgado, basándose en que, para el cálculo del tope máximo de la prestación de desempleo de los trabajadores que han perdido un empleo a tiempo parcial, a dicho límite, calculado sobre determinados porcentajes del IPREM, se le aplica el correspondiente porcentaje de parcialidad.
Resumen: La Sala de instancia confirma la sentencia de instancia y tras rechazar la nulidad pretendida, al no formular protesta, ni la revisión de los hechos al incumplirse los requisitos establecidos para ello, entiende que el motivo se basa en hechos que no se recogen en el relato fáctico de la sentencia ni ha logrado introducir en éste mediante los motivos de revisión y que existía, pues, una orden clara y precisa, que el recurrente desobedeció de manera rotunda y con rebeldía, tal como describe el relato del correo electrónico que giró al jefe de servicios de la empresa, lo que sin duda constituye la indisciplina o desobediencia grave y culpable que se erige en causa de despido disciplinario.
Resumen: Se recurre una sentencia que desestima la prestación por IPA a quien está limitada para desplazarse aql centro de trabajo. La Sala lo estima rebatiendo el argumento de instancia de que existe el trabajo a distancia -Ley 10/2021-. La Sala recuerda que el trabajo a distancia es voluntario, sin que pueda imponerse tal sistema de trabajo y sin que pueda ser utilizado como "ajuste razonable" máxime cuando hay que estar a si con carácter general las empresas que pueden ocupar a alguien de su profesión pueden realizar un ajuste de tal índole. La Sala concluye resaltando el criterio integrador entre los principios de la SS y la regulación de la integración social que realiza el TS recordando que en ocasiones la definición legal de la IPA o GI no puede entenderse en un sentido literal y estricto, pues la experiencia muestra que, por grave que pueda ser el estado del incapacitado, siempre resta una capacidad de trabajo residual que puede ser utilizada, incluso de forma regular, en determinados empleos, por lo cual la calificación de la IPA es un juicio problemático de las expectativas de empleo del trabajador, que en los casos incluidos en ese grado quedan extraordinariamente limitadas pero que la declaración de incapacidad permanente sigue estando configurada legalmente como profesional, esto es, obviando la valoración de las circunstancias del concreto puesto de trabajo en una concreta empresa, la posibilidad casuística de ajustes razonables no puede impedir la prestación.
